LA RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO: EL PROCEDIMIENTO MONITORIO Y EL JUICIO CAMBIARIO.

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David Giménez Belío

David Giménez Belío. Responsable Departamento de Impagados Ilex Abogados.

En periodos de crisis económica como el actual, algunas personas (físicas o jurídicas) incurren en morosidad, es decir, dejan de abonar los bienes o servicios que les prestan empresarios y profesionales. En esta situación, el ordenamiento jurídico pone a disposición del acreedor distintas posibilidades para reclamar judicialmente los créditos impagados: la conciliación judicial, los juicios declarativos (verbal y ordinario), la ejecución de títulos no judiciales (el juicio ejecutivo), la ejecución hipotecaria, el proceso monitorio y el juicio cambiario.

Cada uno de estos procedimientos tiene sus reglas y características propias, y dependiendo del caso concreto, por coste, por la naturaleza de los documentos que acrediten la deuda, o por la menor o mayor rapidez en su tramitación será preciso (o conveniente) acudir a una o a otra.

En estas líneas nos ocuparemos del proceso monitorio y del juicio cambiario, procedimientos específicamente diseñados para la reclamación de deudas dinerarias.

Tanto el proceso monitorio como el cambiario son procesos especiales regulados en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, y ambos tienen por finalidad otorgar una protección rápida y eficaz al crédito dinerario, aunque sus presupuestos y tramitación son distintos.

De hecho, y aunque por razones obvias, la actualidad ha puesto su foco sobre las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, se puede decir que desde su creación el monitorio y el cambiario son los “procedimientos estrella” para la reclamación de deudas.

Comenzando por el primero, para poder acudir al proceso monitorio deben cumplirse los siguientes requisitos:

1.- Que la deuda sea de dinero, esté vencida y sea exigible, y que sea de cantidad determinada.

2.- Que la deuda conste por escrito, por lo que será necesario acreditarla documentalmente. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige que la deuda se encuentre documentada de alguna de las siguientes formas:

a.- Mediante documentos que aparezcan firmados por el deudor.

b.- Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas telefax o cualesquiera otros documentos, que aún creados unilateralmente por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones comerciales.

c.- Cuando junto con el documento en el que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación comercial anterior duradera.

El proceso se inicia mediante la presentación ante el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del deudor, de un simple escrito denominado Petición Inicial, en la que simplemente se expresará la identidad del acreedor y del deudor, el domicilio o domicilios de ambos, y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose los documentos antes mencionados.

No es necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador, y por la reclamación de cantidades inferiores a 2000 euros no hay que pagar tasa judicial.

Una vez presentada la petición, el Juzgado notificará al deudor la reclamación que el acreedor ha interpuesto contra él, y le requerirá para que en un plazo de 20 días abone la cantidad que se le reclama, o si no está conforme con la cantidad que se le reclama, presente un escrito de oposición alegando las razones que tiene para no pagar. En este último caso, si la cantidad reclamada no excede de 2000 euros, el deudor tampoco necesitará valerse de Abogado y Procurador.

Ante la reclamación judicial el deudor tiene las siguientes opciones:

a.- No pagar la deuda ni oponerse. En este caso, el Juez ordenará la ejecución por la cantidad reclamada iniciándose las actuaciones necesarias para cobrar la deuda embargando bienes y derechos titularidad del deudor.

b.- Pagar la deuda, en cuyo caso se archiva el procedimiento. El pago de la deuda en el plazo de los 20 días señalados al efecto no implica para el deudor coste alguno, ya que en el procedimiento monitorio no existe condena en costas procesales (que son determinados gastos que genera, en este caso para el acreedor, tener que acudir a los tribunales).

c.- Oponerse a la reclamación del acreedor. En este supuesto, el proceso monitorio se transforma en juicio ordinario (si la reclamación excede de 6000 euros), o en juicio verbal (si no supera los 6000 euros) y, lógicamente, se seguirán en su tramitación las reglas específicas de cada uno.

El juicio cambiario se inicia mediante la presentación, ante el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del deudor, de una demanda sucinta a la que se acompañarán las letras de cambio, los cheques o los pagarés impagados.

En este caso, sí es necesaria la intervención de Abogado y de Procurador, y hay que abonar la correspondiente tasa judicial con independencia de la cuantía de la reclamación.

El Juez analizará si el título presentado (cheque, letra de cambio o pagaré) reúne los requisitos formales exigidos legalmente y, si lo encuentra conforme, adoptará mediante Auto, las siguientes medidas:

1º) Requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días.

2º) Ordenar el inmediato embargo preventivo de bienes del deudor por la cantidad que figure en el título cambiario, más otra cantidad (el 30%) para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago. Esta es una de las características más destacadas del juicio cambiario. Desde el mismo momento en que se admite a trámite la demanda ya se embargan bienes y derechos del deudor, con lo que se intenta evitar, o la menos dificultar, que el deudor se desprenda de su patrimonio para no pagar.

Efectuado el requerimiento de pago el deudor tiene las siguientes posibilidades:

a.- Pagar: Si el deudor paga se pondrá a disposición del acreedor la cantidad reclamada, se entregará al deudor justificante del pago, y se archivará el procedimiento. En este caso, y al revés de lo que sucedía con el monitorio, el deudor sí deberá asumir las costas procesales que se hayan generado (honorarios de Abogado y Procurador, y tasa judicial generalmente), ya que en el juicio cambiario siempre existe condena en costas.

b.- Oponerse: En el plazo de 10 días que el deudor tiene para pagar también puede oponerse mediante la interposición de demanda de oposición. La oposición únicamente puede basarse en las causas enumeradas por la Ley Cambiaria y del Cheque, entre las que a modo de ejemplo y entre otros, se pueden citar la falsedad de la firma, el pago, o la prescripción del título cambiario.

Si el deudor se opone, se dará traslado de la demanda de oposición al acreedor con citación para la celebración de una vista donde las partes alegarán y probarán lo que estimen oportuno y que terminará mediante Sentencia. Esta es una particularidad propia del juicio cambiario conocida como inversión del contradictorio. Y es que el acreedor comienza como demandante, pero termina como demandado.

c.- No pagar ni oponerse: Se despachará ejecución contra los bienes del deudor, y se elevarán a definitivos los embargos preventivos acordados.

Como hemos visto, ambos procedimientos, aún teniendo la misma finalidad, tienen grandes diferencias entre sí. Dependiendo del caso, será más conveniente la utilización de uno o de otro, ya que no son excluyentes. Así con base en pagarés por ejemplo, puede acudirse al monitorio, y de hecho se hace para evitar el pago de tasa judicial o la contratación de profesionales. De lo que no cabe duda es de que tanto el proceso monitorio como el cambiario son cauces que, sin mermar las garantías procesales del deudor, y siempre que no exista oposición, ofrecen grandes ventajas para el acreedor (en tiempo y en dinero), y buena prueba de ello es que, desde su creación, su utilización ha ido creciendo cada año.

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