¿Quién puede representar a una menor en una demanda de paternidad? La cuestión a debate.

El tema que vamos a abordar en este Blog es la repercusión que ha tenido una reciente Sentencia del Tribunal Supremo (nº 441/2016), en la cual se resuelve la cuestión de si un progenitor, en este caso una madre que ostenta la patria potestad junto con su exmarido, puede ser la representante legal de su hija menor, en una reclamación de paternidad, donde el exmarido no es el padre biológico de la misma.

En primer lugar, hay que saber cuáles son los hechos que fundamentan la Sentencia; La madre mantuvo una relación sentimental con el padre biológico de su hija que duró dos meses, y en la que se quedó encinta. Ese mismo mes en que rompió con el padre biológico de la menor, y ya en estado de gestación, empezó una relación con su otro hombre que culminó en matrimonio civil, y donde éste decidió reconocer a la menor como suya e inscribirse como tal en el Registro Civil. Debido a sus disputas y desavenencias ambos pusieron fin a su matrimonio a través del divorcio, y como corolario de todo ello es cuando comenzaron los problemas relativos a la cuestión inicial.

La madre solicitó que se declarase “que el padre biológico de la menor no es su exmarido, y que por ello quiere que se le declare la nulidad del reconocimiento efectuado por el mismo.

Ante tal situación el juzgado de 1ª Instancia dictó sentencia el 17 de noviembre de 2011 inadmitiendo la demanda interpuesta por la madre motivándose “a tenor de lo dispuesto en el art. 162 CC, la representación legal corresponde no sólo a la madre que ejercita la presente acción sino también a su exmarido, por cuanto al momento de presentación de la demanda ambos ostentan la patria potestad de la menor. Por tanto se está ante el ejercicio de una acción derivada de la patria potestad, en que existe desacuerdo entre ambos progenitores, supuesto en que, en virtud del art. 156.2 CC el juez habría de atribuir sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o madre.

La Sentencia de Apelación resuelve sobre la falta de resolución judicial previa, acerca de a cuál de los padres le corresponde la facultad de ejercitar acciones. La AP considera que “el bien de la hija está precisamente en el mantenimiento de la paternidad que se impugna, tal y como ha quedado sentado, atendiendo la actora a intereses puramente particulares y ajenos a aquel prioritario designio legal y jurisprudencial, resultando inadmisible que quien ha dado su consentimiento libre y solemne al reconocimiento de complacencia del padre no biológico pueda retractarse y eludir las consecuencias del reconocimiento, cuando le convenga y aunque le perjudique a la hija.

Por todo ello, se interpuso recurso de casación por parte de la madre basándose en la conculcación de dos preceptos, por un lado, el art. 39.2 CE, ya que entiende que atribuir a ésta una paternidad no real estaría en contradicción con dicho precepto y añade “la verdad biológica como hecho determinante de la filiación, se impone sobre otras consideraciones, a la vista de tal precepto, que calma contra la inexactitud en la determinación de la paternidad, que incidiría en la anomalía de atribuir la patria potestad sobre la menor a quién no es su progenitor.” Asimismo, alega que se vulnera el art. 138 CC.

La parte actora (madre) deja claro en el recurso de casación que es la representante legal de su hija y en interés de ella, ejercita acción de reclamación de paternidad y complementariamente ejercita acción de impugnación de filiación matrimonial por lo dispuesto en el art. 134 CC. No obstante, la resolución determina que la intervención en el procedimiento de quien consta formalmente en el Registro Civil como progenitor lo es a virtud de la presentación de la “subordinada” acción de impugnación de paternidad, conforme a lo dispuesto en el art. 134 CC.

Todo esto nos conduce al núcleo del debate, ya que como podemos observar existe contradicción de intereses entre la madre y la menor a la que representa, afirmando la sentencia que el bien de ésta se encuentra precisamente en el mantenimiento de la paternidad que se impugna, atendiendo la actora a intereses puramente particulares.

Se viene a contraponer tal principio de verdad biológica con la preservación de la paz familiar, pero bien entendido que esta preservación ha de venir referida al interés del hijo, por lo que la paz familiar será aquella que beneficie a éste por encontrarse en una situación consolidada de familia, que ha podido formarse al margen de la biológica. Así pues, la protección de esta situación familiar en que se encuentra integrado el menor vendría a tener el mismo apoyo constitucional que el principio de investigación de la paternidad.

La jurisprudencia del TEDH apostilla que cuando existen intereses contrapuestos entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la situación familiar que vive el hijo, legitima los límites que las legislaciones nacionales hayan establecido para la satisfacción del interés del menor.

Dichos intereses contrapuestos son en este caso, que el padre biológico no conoce a la niña y no hay constancia de que contribuyese a su sustento ni se preocupase de modo real y efectivo de la menor, es por tanto que en ese extremo son insatisfactorios las meras manifestaciones vertidas ante Notario por el padre biológico. A sensu contrario, el exmarido de la madre desde el nacimiento de la menor viene actuando de forma ininterrumpida como su verdadero padre cumpliendo tanto él como los miembros de su familia las obligaciones que le corresponden, proporcionando a la menor un entorno de bienestar y estabilidad emocional y efectiva a la misma.

Así pues, por todo lo relatado, el TS da por probado que el bien de la menor está completamente realizado con su actual situación, de tal modo que, de alterarse la misma, se abocaría a la menor a una nueva y muy perjudicial situación debida a la pérdida del núcleo familiar actual plenamente satisfactorio para ella. Del mismo modo, ratifica como venimos señalando previamente, que la madre de la niña no actúa por los intereses de ésta, sino por motivos personales y distintos al bienestar de la menor. Concluyendo que por todo lo expuesto, la madre no procede en defensa de los intereses de la menor.

Claudia Domínguez Gajate

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